Al ganar las elecciones presidenciales de Francia en 2017, Emmanuel Macron era una figura prometedora para la comunidad francesa en ese momento.
Sin embargo, todas las esperanzas en su Gobierno se perdieron cuando adoptó una actitud represiva en contra de las protestas de los Chalecos Amarillos, a las que se enfrentó inmediatamente después de que asumió el cargo.
Posteriormente, el nivel de violencia de las fuerzas de seguridad contra los activistas en las calles del país provocó reacciones no solo en la opinión pública de Francia, sino también en la internacional.
El Gobierno francés, que debería haber evitado la violencia desproporcionada de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones, más adelante lanzó una iniciativa legislativa para mantener la violencia fuera de la vista del público.
La Ley de Seguridad Global nació con el pretexto de que “las fuerzas de seguridad están en peligro y deben ser protegidas”.
La controvertida ley
La ley ha sido blanco de críticas desde que se presentó como propuesta a la Asamblea Nacional. Introduce regulaciones que otorgan nuevos poderes a las unidades de seguridad y restringen las libertades civiles.
La más importante de ellas es la autorización a la Policía y la gendarmería para la grabación y toma de fotografías de los manifestantes a través de dispositivos tecnológicos, incluidos drones, cámaras de circuito cerrado y helicópteros.
El artículo 24 de la ley impide que los civiles tomen fotografías o graben a las fuerzas de seguridad en servicio. No cumplir con esto acarrearía hasta un año de prisión y una multa de hasta USD 45.000.
El proyecto de ley fue presentado a la Asamblea Nacional el 20 de octubre de 2020 y aceptado en el Senado el 7 de abril de 2021, con 241 votos a favor y 98 en contra.
Luego, el 15 de abril, se sometió a una votación en la Asamblea Nacional y fue aceptado con 75 votos a favor y 33 en contra.
Críticas
La reacción más grande contra la controvertida Ley de Seguridad Global vino de un grupo de legisladores este mes.
Diputados y aliados socialistas solicitaron el 5 de mayo al Consejo Constitucional la derogación de la ley por considerar que abriría las puertas a la violencia policial y restringiría la libertad de los ciudadanos.
Una semana antes, diversos sindicatos de jueces, abogados y periodistas también solicitaron al mismo órgano la derogación de la ley.
Además de las reacciones en el interior del país, organizaciones internacionales y no gubernamentales rechazaron la ley.
Tres relatores de la ONU manifestaron en un informe que estaban preocupados por el artículo que prohíbe la publicación de imágenes de las fuerzas de seguridad porque “atenta contra los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijotevic, también criticó el controvertido artículo y afirmó que la ley debería respetar más los derechos humanos.
Diversas ONG como Reporteros sin Fronteras y Amnistía Internacional se encuentran entre los críticos de la ley.
La restricción de las libertades de los musulmanes
La Ley de Seguridad Global no es ni el primero ni el último ejemplo de la orientación del Gobierno de Macron a dar más importancia a la seguridad que a la libertad en la política nacional.
Un ejemplo de esto es el proyecto de “ley antiseparatista” presentado el año pasado bajo la fachada de las preocupaciones de seguridad nacional.
Con ella, millones de musulmanes franceses y residentes fueron convertidos en “un problema de seguridad nacional” con el argumento de que “estaban tratando de separarse de Francia y formar su propia administración”.
Esta percepción de amenaza artificial puesta sobre los musulmanes en el país pronto se expandió y se convirtió en nuevas regulaciones.
Entre ellas, la clasificación del uso del velo en la cabeza por parte de las mujeres musulmanas como “en contra del secularismo” y el cierre del Colectivo Francés contra la Islamofobia (CCIF).
Adicionalmente, se anunció en marzo de este año que “a partir de julio se prohibirá el sacrificio de aves de corral en línea con los principios islámicos”.
Los lugares de culto de los musulmanes franceses también se han visto afectados por estas medidas restrictivas.
Con la ayuda de los medios de comunicación de tendencias antiislámicas, las mezquitas en el país han sido etiquetadas como “fuentes de terrorismo” y más de 40 de ellas han sido cerradas durante el mandato de Macron.
Otra medida que afecta la libertad de culto de los musulmanes con argumentos relacionados a la seguridad es el establecimiento de una línea de denuncia para “luchar contra la radicalización y el islamismo” el año pasado.
El Ministerio del Interior, que lanzó la línea, le pidió a los ciudadanos franceses que denunciaran a las personas a su alrededor de las que sospechen que participan en “actividades islamistas”.
De esta manera, todos los musulmanes fueron señalados como una amenaza potencial y todos los ciudadanos franceses recibieron una orden no oficial para combatir tal amenaza, claramente artificial.
Una de las fuentes primarias de estas explícitas restricciones a las libertades individuales en Francia es la Ley para Fortalecer la Seguridad Interna y la Lucha contra el Terrorismo (SILT), que permitió que las medidas temporales de emergencia tomadas en 2017 se hicieran permanentes.
Gracias a esa ley, el Gobierno de Macron obtuvo una importante oportunidad para restringir las libertades desde el comienzo de su mandato.
Al evaluar lo mencionado anteriormente en su conjunto, se entiende que la administración Macron ha ido convirtiendo a Francia en un “Estado de seguridad”, en el que se restringen las libertades civiles en nombre de más y más seguridad.
En conclusión, se puede decir que las medidas de seguridad introducidas durante el último período en Francia han restringido los derechos humanos en el país y, lo que es más importante, creado una atmósfera de inseguridad en la sociedad.
Con las elecciones presidenciales de 2022 más cerca, es probable que la administración de Macron intentará mantener su poder con el apoyo de la derecha radical y, para eso, tome medidas para restringir aún más las libertades civiles.
[AA, 27.05.2021]
